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Updated 04/29/2005

La historia se repite: Los Estados Unidos en Honduras e Irak

La actual presencia de EE.UU. en Irak tiene llamativas similitudes con su situación en Honduras hace unos 20 años. En esa época, los EE.UU. llevaban a cabo una guerra contra el comunismo en lugar del terrorismo, pero la intención aparente era la misma: proteger la seguridad nacional. Y entonces, como ahora, los medios para conseguir ese fin implicaban esquivar las leyes nacionales e internacionales, desinformar al Congreso, al pueblo americano y al mundo, y cometer palmarias violaciones de los derechos humanos.

En la década de los 80, América Central era un semillero de actividad revolucionaria. Los Sandinistas marxistas de Nicaragua habían llegado al poder en 1979 tras derrocar la brutal dictadura, respaldada por EE.UU., de ese país, y los movimientos guerrilleros de El Salvador y Guatemala combatían sus regímenes represivos. Honduras, en el centro geográfico de esta región, tenía una enorme importancia política y militar para la febril lucha contra el comunismo de la administración Reagan. La transición de Honduras a un gobierno civil R11;si bien sólo de nombreR11; tras décadas de gobierno militar, fue presentada por la administración estadounidense como un punto de apoyo para la introducción de la democracia en la región. También era la base ideal de operaciones para la Contra antisandinista, y los EE.UU. no dejaron pasar la ocasión de utilizar el territorio hondureño para equipar y adiestrar a estos combatientes con la intención de derrocar a los sandinistas. 

Mientras EE.UU. canalizaba fondos y establecía una inmensa presencia militar en Honduras, era imperativo que Honduras aniquilara la insurgencia y mantuviera la «seguridad nacional» dentro de sus fronteras. Las fuerzas de seguridad hondureñas se convirtieron en expertas en secuestrar, interrogar, torturar y asesinar sospechosos de subversión, y aprendieron sus técnicas con la ayuda del ejército de EE.UU. e instructores de la CIA. Muchos se habían graduado en la Escuela Militar de las Américas, célebre por adiestrar a algunos de los peores dictadores y autores de abusos contra los derechos humanos de América Latina. Los Estados Unidos ayudaron a establecer y adiestrar al Batallón 3-16 de la inteligencia militar hondureña, que se hizo famoso por sus actividades de tortura y sus escuadrones de la muerte. La CIA también entrenó a los Contras en técnicas de interrogatorio en campos de Honduras. En 1989, se cree que había más de 200 agentes de la inteligencia americana en Honduras. 

«Explotación de recursos humanos» 

Tanto en Honduras como en Irak, la «explotación de recursos humanos» R11;interrogatorio de detenidosR11; ha desempeñado un papel esencial y controvertido. Las espantosas fotografías e historias que llegan de Irak son testigos de las violaciones de los derechos humanos que el personal de EE.UU. ha cometido contra prisioneros en Abu Ghraib y otros centros de detención. Informes recientemente publicados y documentos gubernamentales, incluyendo informes del Comité Internacional de la Cruz Roja, el «informe Taguba» y memorandos del gobierno, que parecen justificar el uso de la tortura en la «guerra contra el terror», confirman que los abusos eran rutinarios y sistemáticos, no una aberración. De hecho, durante décadas, el personal del ejército y la inteligencia estadounidenses han estado practicando y apoyando la utilización de técnicas de interrogatorio definidas fácilmente como tortura según los modelos de los derechos humanos internacionales, incluyendo la Convención Contra la Tortura de N.U., que EE.UU. ha ratificado. 

Manuales desclasificados de adiestramiento de la inteligencia militar estadounidense y la CIA, utilizados en América Latina en los 80, revelan una prolongada práctica de técnicas de interrogatorio muy cuestionables. Siete manuales del ejército se hicieron públicos en 1995 tras una investigación gubernamental sobre la implicación de las agencias de inteligencia estadounidenses en abusos contra los derechos humanos en Guatemala. Según el informe de la investigación de estos manuales, «ciertos pasajes parecen justificar (o podría interpretarse que justifican) prácticas como ejecuciones de guerrillas, extorsiones, abusos físicos, coacciones y falsos encarcelamientos». El Departamento de Defensa, bajo el entonces Secretario de Defensa, Dick Cheney, ordenó supuestamente la recuperación de los manuales tras una investigación interna en 1991, que consideró que los manuales contenían «material reprensible» y «habían sido recopilados sin los controles doctrinales exigidos». No obstante, puesto que los manuales estaban distribuidos por todo América Latina, es dudoso que se recuperaran en su totalidad. 

Dos manuales de adiestramiento de la CIA fueron desclasificados en 1997, después de que el Baltimore Sun amenazara con demandar a la agencia por no cumplir su exigencia del Acta de Libertad de Información. El «Manual de adiestramiento para la explotación de recursos humanos R11; 1983» se utilizó en países de América Latina, incluyendo Honduras, entre 1982 y 1987. En parte, se basaba en material del manual de la era de Vietnam «KUBARK Counterintelligence Interrogation R11; Julio 1963». 

Los manuales proporcionan ejemplos de las «técnicas psicológicamente coactivas» de la CIA, que incluyen someter a los detenidos a privación de alimento y descanso, temperaturas y humedad extrema, amenazas de daños físicos, privación sensorial por confinamiento en soledad y daños autoinfligidos por coacción o esfuerzo prolongados. Estos métodos, que pretenden producir tensión, ansiedad y miedo con el fin de quebrar la voluntad del sujeto, crean a menudo cicatrices psicológicas mutilantes y duraderas. El manual de 1963 también describe técnicas como la inmersión de detenidos encapuchados en tanques de agua y el uso de tratamientos con electrochoques y drogas. 

En 1985, ante la ola de escándalo provocada por un manual de adiestramiento en interrogatorios para la Contra, la CIA hizo un tímido intento de corregir el manual de 1983, tachando o reescribiendo material censurable, y reconociendo que muchas de las técnicas psicológicas descritas eran formas de tortura. Una nota alterada aconseja: «Aunque deploramos el uso de técnicas coactivas, queremos ponerlas en su conocimiento para que pueda evitarlas». El capítulo entero que describe las «deplorables» técnicas sigue siendo legible bajo los cambios hechos a mano. 

El calvario de Inés Murillo, una de las escasas supervivientes de las detenciones e interrogatorios del ejército hondureño en los 80, confirman que se llevaron a la práctica técnicas de «explotación de recursos humanos» en Honduras, y que en ellas estaban involucrados agentes de la inteligencia estadounidense. Murillo, una activista política y sospechosa de subversión, que tenía vínculos con grupos de izquierdas, fue secuestrada en 1983 y mantenida en dos instalaciones clandestinas durante 78 días. Sufrió brutales torturas físicas, como palizas, electrochoques, asfixia, drogas y abusos sexuales. También hubo de soportar torturas psicológicas al estilo de la CIA, supuestamente infligidas por oficiales del Batallón 3-16, que habían recibido adiestramiento en interrogatorios en los Estados Unidos. La mantuvieron desnuda, la forzaron a permanecer en posiciones extenuantes, la amenazaron con ataques de perros, la sumergieron de cabeza en tanques de agua, le negaron comida, descanso e instalaciones sanitarias. 

Según el testimonio de Murillo y dos antiguos miembros del Batallón 3-16, que después desertaron, un oficial de la CIA llamado «Mr. Mike» hacía visitas regulares a las instalaciones de detención, y estuvo presente durante una de las sesiones de interrogatorio de Murillo. Más tarde, un documento desclasificado de la CIA reveló que se había enviado un oficial de la CIA en servicio temporal para ayudar a «explotar su interrogatorio». Una investigación del gobierno estadounidense, en 1988, da fe de lo que fue desclasificado con posterioridad, revelando también que instructores de la CIA utilizaron prisioneros reales para el adiestramiento en técnicas de interrogatorio de oficiales hondureños. Murillo nunca fue acusada de ningún crimen durante su detención, y no tuvo acceso a representación legal, ni comunicarse con su familia o monitores independientes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja. A lo largo de los meses que estuvo secretamente detenida, las fuerzas de seguridad hondureñas negaron repetidamente que estuviera bajo su custodia. 

El trato a Murillo y las tácticas apuntadas en los manuales de adiestramiento estadounidenses reflejan las utilizadas o autorizadas a usar en la «guerra contra el terror» de Irak o cualquier otro sitio. La infame imagen de un prisionero iraquí encapuchado, forzado a permanecer sobre una caja, con cables sujetos a su cuerpo R11;amenazado de electrocución si se movíaR11; captaron el horror que resulta del uso de este tipo de técnicas coactivas, y las evidenció ante el público una vez más. Según documentos obtenidos por el Washington Post, el Teniente General Ricardo Sánchez, oficial de mayor rango de EE.UU. en Irak, aprobó el año pasado la intimidación con perros, temperaturas extremas, patrones de descanso invertidos, «posiciones extenuantes» prolongadas, dietas a base de pan y agua y privación sensorial como métodos de interrogatorio en Abu Ghraib. El beneplácito a estos métodos fue revocado en mayo de 2004, tras la publicación de las fotografías que mostraban los abusos en la prisión de Abu Ghraib y el posterior escándalo. 

En febrero de 2004, la Cruz Roja envió un informe al gobierno de EE.UU. que describía los maltratos a prisioneros iraquíes bajo interrogatorio por las tropas estadounidenses. El informe se basaba en inspecciones y entrevistas, efectuadas en las instalaciones de detención iraquíes entre marzo y noviembre de 2003. Los investigadores de la Cruz Roja pudieron ver detenidos que se mantenían «completamente desnudos en celdas de cemento totalmente vacías y en la oscuridad más absoluta». El informe dice que cuando se quejaron a los oficiales de EE.UU., «el oficial de la inteligencia militar a cargo de los interrogatorios explicó que esa práctica 'era parte del proceso'». 

Los prisioneros iraquíes entrevistaron contaron que habían sido encapuchados y golpeados, privados de descanso y alimento, amenazados con la ejecución o con represalias contra sus familias, sujetos a humillaciones y posiciones extenuantes prolongadas, y expuestos a temperaturas extremadamente altas. Los oficiales de la Cruz Roja también informaron de que había evidencias que corroboraban las quejas de abusos por parte de los prisioneros, incluyendo quemaduras y heridas «compatibles con latigazos o golpes repetidos». Aunque la Cruz Roja intentó repetidamente detener los abusos cometidos por oficiales estadounidenses a lo largo del periodo documentado en el informe, no fue hasta enero de 2004 cuando el Departamento de Defensa de EE.UU emprendió una investigación sobre los abusos a prisioneros. 

El informe de Antony Taguba, Comandante General del ejército de EE.UU., publicado con carácter interno el 12 de marzo, se filtró más tarde a los medios de comunicación y difundido por ellos. Concluía que soldados estadounidenses cometieron «atroces actos y graves incumplimientos de las leyes internacionales». Muchos de los actos descritos en el informe R11;mantener desnudos a los detenidos, arrojarles agua helada, utilizar perros militares sin bozal para intimidarlos y asustarlos, y amenazar a los detenidos con armas cargadasR11; recuerdan abusos similares contra detenidos hondureños dos décadas antes. El informe también concluye que agentes de la CIA, oficiales de la inteligencia militar y contratistas privados habían pedido a soldados de la policía militar que «impusieran las condiciones mentales y físicas para un interrogatorio favorable de los testigos», una violación del reglamento militar, que restringe la actividad de la policía militar a la obtención pasiva de información. 

Como Inés Murillo y otros en Honduras, muchos detenidos iraquíes, sobre todo los considerados de «gran valor», han sido mantenidos indefinidamente sin cargos, y se les ha negado el contacto con sus abogados o familias, violando las leyes internacionales. Algunos prisioneros, conocidos como «detenidos fantasma», han permanecido en secreto, fuera de las listas de las prisiones y ocultos de los representantes de Cruz Roja. Algunos informes manifiestan que el ejército de EE.UU. trasladó detenidos para evitar a los inspectores de la Cruz Roja. Una investigación militar de agosto de 2004 informó de ocho casos de «detenidos fantasma», pero investigaciones posteriores del ejército y del Pentágono han revelado un número mucho mayor. El General Paul J. Kern testificó en septiembre de 2004 ante el Comité de Servicios Armados del Senado que el número real de prisioneros iraquíes ocultos «es del orden de docenas, o quizá llegue a los 100», mientras que su colega, el Comandante General George R. Fay creía que había «dos docenas, más o menos». 

Los investigadores del Departamento de Defensa y del Ejército no fueron capaces de proporcionar pruebas concretas ni números fiables al Congreso a causa de la falta de cooperación de la CIA. Según el Gral. Fay, la CIA ignoró al principio sus peticiones de información, y después le comunicó que los documentos solicitados no se harían públicos, pues la agencia estaba llevando a cabo su propia investigación. No obstante, la capacidad de autoinvestigación de la agencia es altamente sospechosa. Senadores y congresistas de ambas tendencias han expresado su frustración ante las evasivas de la CIA y su obstrucción de un examen externo. Los legisladores han prometido posteriores investigaciones del asunto. Similares promesas se hicieron con respecto a la implicación de la CIA en las unidades de inteligencia militar de Honduras, aunque nunca se cumplieron por falta de voluntad política. 

Clima de tolerancia 

Tanto en Honduras como en Irak, quedan cuestiones abiertas, como hasta qué punto los políticos estadounidenses sancionaron oficialmente los actos abusivos y qué autoridades conocían realmente lo que estaba sucediendo. Pero una cosa está clara: estos abusos son producto de un clima de tolerancia ante cualquier comportamiento que haga progresar en la consecución de los objetivos de la administración estadounidense. 

La CIA estuvo activamente involucrada en operaciones de la inteligencia hondureña durante la década de los 80. Según informes parcialmente desclasificados de la CIA, la agencia tuvo acceso a cárceles secretas y conoció abusos y asesinatos de prisioneros. No obstante, no emprendió ninguna acción definitiva para terminar con estas prácticas. La embajada de EE.UU. en Honduras también era consciente de los abusos que se cometían, incluyendo la detención ilegal de Inés Murillo. Había oficiales de la CIA asignados a esta embajada, y el embajador de norteamericano de esa época, John Negroponte, mantenía un contacto regular y estrecho con el Gral. Gustavo Álvarez Martínez, fundador del Batallón 3-16. 

Familiares de personas secuestradas por las fuerzas de seguridad hondureñas pidieron repetidamente a la embajada que les ayudara a investigar las desapariciones de sus seres queridos. Cientos de informes que describían secuestros, desapariciones y descubrimientos de cadáveres torturados llenaron la prensa hondureña. Aún así, ni el personal de la embajada de EE.UU. ni otros funcionarios gubernamentales emprendieron acción alguna contra los abusos que se estaban perpetrando. 

Un alto cargo del Departamento de Estado, hablando de la situación en Honduras en los 80, dijo en 1994 al Cox News Service: «Había luz verde para matar rojos. Todos asentían y hacían guiños. Esto fomentaba un entorno en el que todo el mundo toleraba todo tipo de cosas que no hubieran debido tolerar. ¿Era la política? La gente decía que no, pero se podía escurrir el bulto». 

Esta mentalidad prevaleció hasta los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando la administración Bush comenzó a difundir el mensaje de que la «guerra contra el terror» no podían seguir aplicándose anteriores patrones legales. Una serie de memorandos internos que pretendían revisar las definiciones legales de «tortura» justificaban tácitamente la perpetración de actos abusivos para conseguir información vital a los intereses de EE.UU. Estos memorandos, antes confidenciales, que se hicieron públicos en junio de 2004 a causa de las presiones políticas resultantes del escándalo de Abu Ghraib, también debatían las técnicas de interrogatorio aceptadas y la situación legal de los prisioneros de la guerra contra el terror. 

Entre los más inquietantes se encuentra un memorando de agosto de 2002, de la oficina legal del Departamento de Justicia al consejo de la Casa Blanca, que establece que para poder considerarse tortura, el dolor físico «debe ser de una intensidad equivalente al dolor que acompaña las heridas físicas graves, como fallo orgánico, deterioro de las funciones corporales, o incluso la muerte» y el perpetrador debe tener la «intención específica» de causar dolor intenso. Con respecto a las técnicas psicológicas, el memorando declara que el estatuto federal contra la tortura R11;que criminaliza los actos de torturaR11; «no descarta por completo el uso de drogas», sólo de las drogas que trastornen profundamente la personalidad de la víctima, y alteren su percepción de sí mismo y del mundo. En estos términos, es evidente que no puede considerarse que un detenido ha sido psicológicamente torturado hasta que sufre un brote psicótico. Las amenazas de muerte son permisibles, de acuerdo al memorando, siempre que no impliquen una amenaza de muerte inminente. 

En Irak, una difusa cadena de órdenes y consentimiento han perpetuado aún más un entorno de tolerancia hacia los abusos. El personal de la policía militar acusado de crímenes alega que oficiales de la inteligencia militar les ordenaron «debilitar la resistencia» de los detenidos para ayudar en sus interrogatorios. Los oficiales de la inteligencia dicen que otros oficiales de mayor rango los presionaban para que llevaran a cabo más interrogatorios y obtuvieran más información. En los equipos de la inteligencia militar había especialistas en interrogatorios de empresas privadas de seguridad que han estado implicados en estos abusos, pero como las empresas privada no están sujetas a la jurisdicción militar, es difícil que se les condene por sus acciones. Según un Informe de investigación del ejército de agosto de 2004, «una política de técnicas de interrogatorio confusa e incoherente» condujo a la creencia de que se toleraban las técnicas ilegales de interrogatorio, y que la ausencia de supervisión y la aquiescencia permitieron la continuidad de estas prácticas.

Una embajada poderosa 

Durante la batalla contra el comunismo de la era Reagan, la embajada de EE.UU. en Honduras fue responsable de asegurar no sólo que las políticas y prácticas del país estuvieran de acuerdo con los intereses de EE.UU., sino también de que el congreso y el pueblo norteamericano continuaran apoyando la política estadounidense en América Central. Aunque el embajador estadounidense John Negroponte y su embajada no se involucraron en el encubrimiento rotundo de los abusos contra los derechos humanos que tenían lugar en Honduras, al menos hicieron la vista gorda ante la situación. También queda la cuestión de cuánto sabía R11;o ignorabaR11; la embajada sobre las actividades del personal de inteligencia norteamericano y sus contratistas. Según un funcionario del Departamento de Estado, mencionado por Cox News Services, «había por ahí un montón de artistas 'freelance' sin control, y los embajadores no querían ni oír hablar de ellos, pues les complicaban la vida». 

De hecho, Negroponte y el personal de la embajada tenían razones para mantenerse en silencio: para aprobar el flujo continuo de ayudas a Honduras, que mantenían abiertamente a los militares hondureños, e indirectamente a los contras, el Congreso de EE.UU. tenía que estar convencido de que la situación de los derechos humanos en Honduras era buena. La legislación federal exige que el Departamento de Estado suministre informes anuales al Congreso sobre las prácticas relativas a los derechos humanos en los países que reciben asistencia a terceros países por parte de EE.UU., y las embajadas estadounidenses proporcionan la mayor parte de la información para estos informes. Aún a pesar de las claras evidencias de abusos amparados por el estado, los informes anuales de derechos humanos describen un país sin represión que sonaba casi como Noruega, según bromeaban los que tenían acceso a ellos. 

Un informe del inspector general de la CIA, «Temas seleccionados en relación con las actividades de la CIA en Honduras durante los 80» evidencia los esfuerzos de la embajada por suprimir información. En este documento desclasificado, pero extremadamente censurado, una fuente cuyo nombre ha sido tachado describe su trabajo en un informe de la inteligencia militar de EE.UU. sobre la ejecución sumaria que llevó a cabo el ejército hondureño, a las órdenes del Gral. Álvarez, de varios miembros de una banda de guerrilleros capturados, entre los que posiblemente se encontraba un sacerdote norteamericano. La fuente descubrió posteriormente que este informe nunca se había difundido. 

El documento de la CIA dice que la fuente «cree que el equipo de la embajada en Honduras quería que informes sobre temas como estos fueran benignos 'para evitar tener al Congreso pendiente de lo que sucede', y para mantenerlo satisfecho con la implementación en marcha de la política de EE.UU. [Nombre tachado] también dice creer que el borrador del informe del [grupo operativo del ejército] de 1983 fue 'suprimido' por elementos pertenecientes a la embajada por razones políticas. Los informes de asesinatos, ejecuciones y corrupción, dice [nombre tachado], tendrían efectos negativos para Honduras y no beneficiarían al desarrollo de la política de EE.UU.». 

Hoy, Negroponte tiene el cargo de «primer embajador de EE.UU. en un Irak libre», encabezando una embajada que había estado cerrada desde que Irak invadió Kuwait en 1990. Negroponte preside una de las mayores embajadas de EE.UU., y la mayor estación de la CIA en la historia de la agencia, con cerca de 900 trabajadores del servicio exterior norteamericano e incontables agentes de la inteligencia y contratistas privados. El tamaño total de la representación de Estados Unidos en Irak dice claramente que a pesar de la instalación de un nuevo gobierno iraquí «soberano», el actual ocupante detenta un mayor poder. 

Es más, el escándalo de los abusos de la prisión iraquí provoca preocupación sobre el mensaje que la administración Bush está enviando R11;tanto a aliados como a enemigosR11; al instalar a Negroponte en este puesto. Si el abuso a detenidos iraquíes continúa, o salen a la luz nuevas alegaciones criminales, ¿ intentará la embajada en Irak, bajo las órdenes de Negroponte, suprimir informaciones cruciales, como parece haber hecho la embajada en Honduras? 

¿Democracia al estilo americano? 

Honduras era un país de enorme importancia para la política y los intereses de EE.UU. en la década de los 80, al igual que lo es Irak en la actualidad, y los Estados Unidos han utilizado los territorios de Honduras e Irak como bases desde las que emprender las guerras contra el comunismo y el terrorismo en América Central y Oriente Medio respectivamente. En ambos casos, los Estados Unidos han «vendido» el país como punto de apoyo para la democracia en la región, y han justificado su presencia trabajando ostensiblemente para fomentar el progreso democrático. 

A pesar de la elección en 1981 de un presidente civil en Honduras, los militares seguían considerándose en todas partes como el poder que gobernaba el país, y su líder, el Gral. Gustavo Álvarez Martínez, el auténtico amo. Álvarez, un anticomunista recalcitrante, estaba más que deseoso de trabajar con Estados Unidos para acabar con la «amenaza comunista» en la región, y su Batallón 3-16, apoyado por la inteligencia militar estadounidense, se convirtió en una poderosa R11;y letalR11; fuerza contra la insurgencia. Cuando los líderes de grupos de estudiantes y trabajadores, periodistas y otros críticos contra el gobierno se convirtieron en objetivos de las actividades contra la insurgencia, las libertades civiles, de palabra y asamblea se redujeron drásticamente. 

La actual transición de Irak de la dictadura a un gobierno civil parece corrupta de una forma similar. Poco después de que el Primer Ministro iraquí Iyad Allawi tomara las riendas del nuevo gobierno de transición, el 28 de junio de 2004, anunció nuevas medidas de seguridad, incluyendo la imposición del toque de queda, la prohibición de reunión y manifestación, y la detención de personas sin orden judicial: poderes más afines a un estado policial que a una democracia. Una semana más tarde, instauró un nuevo servicio interno de inteligencia con la misión de eliminar los grupos insurgentes del país. Esta agencia, la Dirección General de Seguridad, cuenta con el apoyo de la CIA, e incluirá antiguos miembros de las brutales fuerzas de seguridad de Saddam Hussein. 

Allawi, un antiguo instrumento de la CIA, elegido por Washington para liderar el gobierno interino, está personalmente acusado de brutalidad. El 17 de julio de 2004, el Sydney Morning Herald informó de que días antes de la cesión de poderes por parte de EE.UU., Allawi ejecutó a seis prisioneros iraquíes «para enviar un claro mensaje a la policía de cómo tratar con los insurgentes». El informe se basaba en testimonios de dos testigos distintos. La oficina del Primer Ministro negó las versiones de estos testigos, pero la oficina del embajador Negroponte eludió refutar claramente las alegaciones. 

Romper el ciclo 

En una declaración del 17 de septiembre de 2004 sobre Abu Ghraib, la Coalición Internacional para la Abolición de la Tortura y el Apoyo a los Supervivientes dijo: «Demasiados de nuestros miembros han reconocido los métodos utilizados en estas fotografías entre nuestras propias experiencias de pesadilla en América Central y otras regiones. Recordamos muy bien los perros, las cámaras, las 'inmersiones en agua', las posiciones extenuantes, y muchos otros actos de brutalidad. Estas técnicas se practican desde hace mucho, y vienen de los más altos niveles de nuestras redes de inteligencia». 

Aún así, los últimos informes del Departamento de Defensa sobre el abuso a detenidos en Irak, aunque reconoce que esos abusos no fueron actos de unos pocos «agentes canallas», y acepta que simplemente se debieron al laxismo en la supervisión, no llega a admitir que estos actos deplorables son sólo el último capítulo de la larga historia de la promoción y la implicación de las agencias de inteligencia estadounidenses en abusos contra los derechos humanos. Mientras los EE.UU. hablan de promover la libertad y la democracia en el mundo, sus acciones R11;ayuda, adiestramiento y orientación militares y acciones de su política secretaR11; permiten la perpetuación de la represión y el abuso. 

En medio de confusas políticas militares y de inteligencia, embajadas poderosas y dominantes, y líderes y tiranos brutales que disfrutan del apoyo de los EE.UU., no puede sorprender que florezca el abuso contra los derechos humanos. Que estos entornos sean creados o perpetuados por Estados Unidos es una grave cuestión para el pueblo norteamericano. Indudablemente, ni el público ni sus representantes electos quieren que su personal militar o de inteligencia se comporte de una forma tan universalmente deplorada. Hacen falta una mayor transparencia y una supervisión externa para asegurar que no se ponen en práctica o se permiten políticas aberrantes con un guiño y un asentimiento. El Congreso debe mantener una estrecha vigilancia de nuestras agencias de defensa e inteligencia, y emprender acciones cuando sean necesarias. Y el pueblo norteamericano debe buscar un mayor acceso a la información gubernamental, animar al Congreso a hacer una supervisión agresiva, y apoyar a los legisladores que hablan claro y emprenden acciones ante las atrocidades cometidas contra los derechos humanos. 

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