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Updated 06/26/2006

Un paso hacia la justicia: Un líder militar hondureño culpable de abusos contra los derechos humanos

En una sentencia histórica en marzo de 2006, una jueza federal de Miami condenó al coronel retirado Juan Evangelista López Grijalba, un ex-jefe de la inteligencia militar hondureña, a pagar 47 millones de dólares a seis demandantes víctimas de tortura o familiares de personas asesinadas por las fuerzas militares hondureñas a principios de los 80. Después de más de dos décadas de esperar que el sistema judicial hondureño investigara efectivamente o procesara siquiera un caso, el éxito de esta demanda civil en EEUU es un paso hacia la justicia.  

La demanda contra López Grijalba fue presentada por Óscar y Gloria Reyes, por la tortura que sufrieron en 1982, por Zenaida y Ricardo Velásquez, hermana e hijo de Manfredo Velásquez, por su desaparición, tortura y ejecución extrajudicial en 1981, y por Martha Madisson y Karen Burgos, hermanas de Hans Albert Madisson, por su desaparición y ejecución extrajudicial en 1982. Los Reyes y Zenaida Velásquez son ahora ciudadanos estadounidenses, y residen en la actualidad en EEUU.  

López Grijalba estaba a cargo de unidades de inteligencia militar en Honduras a principios de los 80, cuando cientos de supuestos «subversivos» fueron detenidos, torturados y desaparecidos o asesinados como parte de una doctrina de seguridad nacional inspirada en la Guerra Fría. Como jefe de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) de 1978 a 1982, López Grijalba estaba al mando de los operativos en Tegucigalpa y supervisaba al Ejército de Liberación Anti-comunista de Honduras (ELACH). En 1982, fue nombrado director de inteligencia militar por las Fuerzas Armadas hondureñas, lo que le hizo responsable de todas las operaciones de seguridad, incluyendo las del DNI, ELACH y el Batallón de Inteligencia Militar 3-16. La mayoría de los delitos contra los derechos humanos documentados en esa época se atribuyen a estos tres grupos.  

Óscar y Gloria Reyes sufrieron brutales torturas e interrogatorios perpetrados por oficiales bajo el mando de López Grijalba. Fueron secuestrados en su casa en Tegucigalpa en julio de 1982, interrogados sobre «guerrillas» y «subversivos», y repetidamente golpeados y torturados con descargas eléctricas. Después de más de cinco meses en cautividad—primero en una casa clandestina de detención, después en la sede de la DNI, y finalmente en una prisión del Estado—, los Reyes obtuvieron la libertad condicionada a su exilio forzado, y a una promesa de mantenerse callados sobre todo lo que habían sufrido. Un testigo ocular situó a López Grijalba en el escenario de su secuestro, dando órdenes a sus tropas. En el momento de dicho secuestro, Óscar era profesor de periodismo y Gloria dirigía un mercadito desde su casa.  

Hans Albert Madisson López fue secuestrado por agentes militares la misma noche que Óscar y Gloria Reyes y en la misma colonia. Madisson, que vivía en casa de su hermana, en la misma calle que los Reyes, era un universitario sin afiliaciones políticas conocidas. Muchos creen que su secuestro se debió a un error. Varios días después, agentes de la DNI informaron a una de sus hermanas de que se habían deshecho de él en la carretera norte. Un tiempo después, se halló una bolsa llena de restos humanos, incluyendo una prótesis dental que la mamá de Madisson indentificó como la suya. En 1995, el cuerpo de Madisson fue exhumado al lado de esta carretera: su cadáver estaba decapitado y presentaba signos de tortura.  

Manfredo Velásquez, profesor, universitario y padre, fue visto por última vez cuando agentes militares lo metieron forzosamente en un coche en septiembre de 1982. Su hermana, Zenaida, afirma que el día después del secuestro de Manfredo ella recibió una llamada de una fuente anónima, indicando que Mandredo estaba en manos de la DNI. Un testigo declaró que mientras se encontraba en un centro de detención, donde fue torturado por agentes de la DNI, escuchó a un hombre en un cuarto contiguo que se identificó como Velásquez, y pedía ayuda desesperadamente. Según las pruebas presentadas en el juicio, al final Velásquez fue llevado y asesinado por el ELACH, bajo órdenes de López Grijalba. Los restos de Velásquez no han sido hallados.  

El Center for Justice and Accountability (Centro de Justicia y Responsabilidad, CJA), una organización de derechos humanos con sede en San Francisco, presentó en julio de 2002 una demanda civil en nombre de los querellantes ante el Tribunal del Distrito de Miami, tras enterrarse que López Grijalba estaba viviendo en EEUU y que el Servicio de Inmigración y Naturalizaciónlo había arrestado por violación de las leyes de inmigración. Los abogados del CJA, junto con varios abogados de la Florida que prestaron su servicio de manera gratuita, presentaron la demanda amparándose en la Ley de Agravios de Extranjeros y en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, que garantizan el derecho a denunciar abusos contra los derechos humanos ante un tribunal federal de EEUU sin importar el lugar donde los crímenes fueron cometidos.  

El juicio civil estaba previsto para el 18 de octubre de 2004, pero un juez de inmigración ordenó la deportación a Honduras de López Grijalba antes de que se iniciara la causa. En la decisión de su deportación se citaba su vinculación a abusos contra los derechos humanos. Como López Grijalba ya no se encontraba en el país, y no envió a su abogado a la corte, fue sentenciado por incomparecencia el 16 de febrero de 2006, responsabilizándole de todas las acusaciones.  

En un juicio por daños, el 16 de marzo de 2006, la jueza Joan A. Lenard escuchó el testimonio de Óscar y Gloria Reyes. La pareja hizo un detallado, y a menudo emocionado relato de su secuestro, interrogatorio, tortura, detención clandestina y encarcelamiento, además del saqueo de su hogar y de su exilio en EEUU. Al preguntarle por qué había iniciado este caso, Gloria Reyes contestó: «Para la justicia... Quiero aportar mi granito de arena por los que no pueden hablar».  

Los abogados presentaron también declaraciones juradas del resto de los demandantes y de testigos, junto con pruebas que incluían documentos desclasificados del gobierno estadounidense. La jueza emitió su veredicto el 31 de mayo. Según el cual, la evidencia demostraba sin lugar a dudas la responsabilidad de López Grijalba en los abusos cometidos, y reconocía el derecho de los demandantes a percibir daños compensatorios y punitivos.  

«Como comandante de las fuerzas armadas, López Grijalba tenía el deber de prevenir los abusos que conocía o hubiera debido conocer. En lugar de hacerlo, el acusado, López Grijalba, participó en estos abusos», escribió la jueza Lenard en la sentencia.  

La jueza ordenó a López Grijalba a pagar 2 millones de dólares en daños compensatorios y 3 millones de dólares en daños punitivos a Zenaida Velásquez, y 3 millones en daños compensatorios y 3 millones en daños punitivos a Héctor Ricardo Velásquez. También concedió a Óscar y Gloria Reyes 6 millones – a cada uno - en daños compensatorios y 7 millones en daños punitivos, y otorgó a cada una de las dos hermanas de Hans Madisson 2 millones en daños compensatorios y 3 millones en daños punitivos.  

El director de litigios del CJA, Matt Eisenbrandt, alabó la decisión con estas palabras: «La sentencia del tribunal condena severamente el salvaje comportamiento del Coronel López Grijalba y su absoluto desprecio por las vidas de los civiles hondureños».  

Eisenbrandt señaló también que la sentencia era «significativa, por la importancia de Honduras como aliado estratégico de los Estados Unidos en los años 80, cuando constituía el núcleo de la política estadounidense en Centroamérica. John Negroponte, el actual Director de la Inteligencia Nacional de EEUU, ocupó el puesto de embajador en Honduras entre 1981 y 1985, y supervisó un incremento masivo de ayuda militar estadounidense a este país. Es bien sabido que en 1983, el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de EEUU afirmaba que ‘no existen prisioneros políticos en Honduras’».  

Los grupos de derechos humanos, tanto en Honduras como en EEUU, aplaudieron la sentencia e hicieron un llamamiento a las autoridades hondureñas para que presenten cargos contra López Grijalba. El 4 de mayo, la abogada del CJA Almudena Benabéu se reunió con el fiscal general de Honduras, Leónidas Rosa Bautista, para animarle a iniciar procedimientos criminales y ofrecerle las pruebas que el CJA ha reunido durante el proceso civil.  

Después de que los Reyes dieran su testimonio, la jueza Lenard dijo: «Les felicito a ambos por su gran fortaleza. Es importante que el mundo escuche lo que Uds. han dicho. Las personas que gozan de la libertad deben conocer esta verdad para prevenir que esto suceda a cualquier persona en cualquier lugar. Espero en mi corazón de que Uds. hayan logrado algún consuelo al saber que sus testimonios de hoy han quedado registrados en este expediente público».  

Para las víctimas, relatar sus historias es un paso integral en el proceso de recuperación de trauma. Y la sentencia de la jueza Lenard es una seria condena y advertencia a los violadores de los derechos humanos que gozan de impunidad, en Honduras y en cualquier otra parte. Pero como señaló el director del CJA, Eisenbrandt, la verdadera justicia se logrará «cuando López Grijalba y otros líderes militares estén tras las rejas».