DonateNow
Stay tuned for something new!
In the coming months, MISF Media will launch a redesigned website. In the meantime, continue to check here for new editions of the "Honduras News in Review" and "Remembering 25 Years Ago" features.
Human Rights
in the Global Community
Overview
Global Bodies & Treaties
Current Issues
Human Rights–War on Terror News Update
Human Rights in Honduras
Overview
History
Current Issues
Honduras News in Review
Remembering 25 Years Ago
Search the Site:
Updated 12/10/2009

Elecciones Hondureños en plena represión

Aunque nos vamos acercando rápidamente al 29 de noviembre, día de las elecciones en Honduras, la cuestión de si el voto será realmente libre y justo ha escapado hasta ahora de la atención del gobierno de EE. UU. y de la mayor parte de la prensa más leída en el mundo. Mientras se centran en los términos de los acuerdos de Tegucigalpa-San José, su conformidad o la falta de ésta y la aparente disputa bilateral entre Manuel Zelaya y Roberto Micheletti sobre la presidencia del país, el gobierno y los observadores de los medios de comunicación han prestado escasa atención a la supresión de derechos civiles, constitucionales y políticos de los disidentes, que pone en entredicho cualquier esperanza de un final para la crisis política, por no mencionar la independencia del proceso electoral. Como afirmó Bertha Oliva, directora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, en un informe al congreso estadounidense el 5 de noviembre, «el diálogo bajo la represión no es diálogo... como no lo es el diálogo que no reconoce los derechos humanos».

 

¿Libres y justas?

Los patrones internacionales para unas elecciones libres y justas, definidos en 1994 por la Unión Interparlamentaria, y adoptados en el año 2000 por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en 2001 por los Estatutos Democráticos Interamericanos de la OEA, exigen derechos básicos de expresión política, movimiento por todo el país y condiciones de igualdad para las campañas de todos los partidos. En un ensayo sobre el tema, Eric Bjornlund, de Democracy International, escribió: «El entorno político debería estar libre de intimidaciones». A primera vista, estas condiciones no parecen cumplirse en el actual clima político de Honduras.

 

Grupos hondureños e internacionales de derechos humanos, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por la represión política y el reconocimiento de los resultados electorales. Buena parte de América Latina, incluyendo Brasil y Argentina, han anunciado que no aceptarán dichos resultados.

 

MSIF ya ha informado previamente de la represión generalizada a los medios de comunicación desde el golpe del 28 de junio, entre otros casos, del cierre y la incautación de bienes de Radio Globo y Canal 36, dos de las dos últimas voces públicas de la oposición, que se produjeron el pasado mes de septiembre. Ambas emisoras han retomado su actividad posteriormente, aunque con una capacidad de trasmisión limitada. 

 

Oscar Estrada, productor asociado de MISF, dijo que las emisoras están aplicando una severa autocensura por miedo a que se repitan las represalias por parte de los militares. Un periodista de Radio Globo, Luis Galdámez, sigue criticando al gobierno de facto en su programa diario «Tras la verdad», y según Amnistía Internacional, está recibiendo amenazas de muerte. El 19 de noviembre se informó de que la señal emitida por Canal 36 sufría interferencias que sustituían la programación del informativo con películas del oeste.

 

El pasado 5 de octubre, el gobierno de Honduras aprobó un decreto que autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, a cerrar cualquier medio de comunicación que preconizara la abstención en las elecciones, o que «incitara al odio», expresión que según Estrada, se suele interpretar como hablar mal del gobierno. Aunque Conatel no ha aplicado todavía el decreto, La directora de la ONG hondureña Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Reina Rivera, dijo que esperaba que se aplicara en los días inmediatos al de las elecciones.

 

MISF también ha informado de la privación de libertades civiles. Un decreto de emergencia aprobado el 27 de septiembre que restringía la libertad de expresión, asamblea y tránsito –todos ellos aspectos fundamentales de un ciclo electoral libre–, y que el presidente de facto Micheletti prometió anular, no fue derogado hasta el 25 de octubre, sólo unos días antes de que se alcanzara el acuerdo de Tegucigalpa-San José. Este decreto ha sido reemplazado por medidas legales más concretas aprobadas por los distintos ministerios que en conjunto tienen el mismo efecto.

 

Además del decreto Conatel, la policía nacional ha emitido una resolución, cuya ilegalidad es perfectamente demostrable, por la que se exige un aviso previo de 24 horas y el permiso de la policía para llevar a cabo cualquier marcha o protesta. No obstante, en la práctica, esta norma sólo se ha aplicado a los candidatos independientes y de izquierda, a cuyas convocatorias los primeros –y lógicamente, los últimos– en acudir son los policías.

 

Otro decreto, emitido por el Ministerio de Seguridad, clasifica como terrorismo cualquier ocupación de espacio público y el uso de altavoces por parte de la resistencia. De esta forma se han denunciado varios actos políticos de partidos de izquierda que necesitaban sistemas de sonido.    

 

El Frente de Resistencia Contra el Golpe y el candidato popular independiente, el líder sindical Carlos H. Reyes, han impuesto como condición previa a su participación en las elecciones la supresión de cualquier acuerdo sobre el regreso al poder del depuesto Zelaya, lo que ha tenido como resultado la disgregación efectiva de la oposición. Reyes se ha retirado oficialmente de la carrera electoral y del Frente, al igual que 120 de los 128 candidatos a las elecciones generales y municipales del Partido Innovación y Unidad, así como una facción del mayoritario Partido Liberal de Zelaya (y Micheletti).

 

Muchas organizaciones de izquierda, y el propio Zelaya, consideran las elecciones desesperanzadoramente injustas, han pedido su boicot e iniciado un proceso para impugnarlas y aplazar las votaciones.

 

El 17 de noviembre, el Fiscal General Luis Alberto Rubí anunció que los 530 fiscales del Ministerio Público vigilarán y tomarán las medidas oportunas contra cualquiera que cometa «delitos electorales», como dificultar el proceso de votación, incitar a la abstención o destruir propaganda política, delitos que se podrán castigar con hasta cuatro años de prisión. El efecto práctico de estas severas restricciones es silenciar todavía más las voces de la oposición arrebatándoles el único recurso con el que aún contaban.

 

El 10 de noviembre, la organización internacional de justicia CEJIL informó a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la persecución y represalias que sufren los jueces y fiscales que han expresado su oposición al golpe. «Los actos contra estos oficiales son una restricción ilegal de sus derechos y una táctica de intimidación para acallar sus voces y las de los miles de personas que se oponen al régimen», ha dicho Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

 

La abogada hondureña de derechos humanos y ex componente de una lista electoral Berta Cáceres, en declaraciones a la publicación chilena El Clarín, señaló que el Tribunal Electoral ha encargado al ejército –la misma institución que ha arrestado ilegalmente, golpeado e incluso asesinado a miembros de la oposición al golpe– de la supervisión del proceso electoral. También dijo que cualquiera que sea elegido el 29 de noviembre representará a un gobierno golpista.

 

Como explicación de la creciente cautela que se extiende por el país, Estrada ha dicho: «Todos los partidos comienzan a sonar como uno porque [el ejército], bajo su doctrina de seguridad nacional, rige el país, y seguirá controlando el próximo gobierno.

Reina Rivera, de Ciprodeh, ha dicho que están llegando informaciones de una fuerte militarización de ciertas áreas remotas del país y teme un conflicto armado. Ulises sarmiento, un candidato a diputado del Partido Liberal en la provincia de Olancho y firme defensor de la resistencia, fue atacado el 18 de noviembre por al menos ocho hombres fuertemente armados. Dos de sus guardaespaldas, Delis Noé Hernández, de 27 años, y José Manuel Beltrán, de 35, murieron en el ataque.

 

Según Estrada y Rivera, las elecciones han provocado inquietudes entre los hondureños tanto de derecha, que temen disturbios callejeros y la implantación de un populismo al estilo Hugo Chávez, como los de izquierda, que temen una represión masiva y posiblemente armada, y la legitimación del golpe gracias a las elecciones.

 

Reconocimiento de EE. UU.

Los Estados Unidos no sólo no han reconocido estas condiciones aparentemente injustas y faltas de libertad, sino que todo parece indicar una tendencia a que apoyen las elecciones y su resultado.

 

Como mediador en el acuerdo de Tegucigalpa-San José, el Departamento de Estado estadounidense pareció en principio hacer esfuerzos desesperados por reinstaurar a Zelaya en el poder antes de las elecciones. No obstante, cuando se hizo evidente que el congreso de Honduras no iba a tomar una decisión sobre la vuelta de Zelaya a tiempo, y cuando Micheletti formó el gobierno de unidad de forma unilateral, EE. UU. insistió en que el acuerdo todavía tenía vigencia, indicando en una conferencia de prensa del 6 de noviembre –un día después de que acabara el plazo para la vuelta de Zelaya– que probablemente reconociera la elección.

 

Aunque estas declaraciones resultaron muy confusas para muchos, la posición del Departamento de Estado, desde Thomas Shannon, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Oeste se hizo eco un par de días antes en la CNN en español, donde afirmó que «El futuro de la democracia hondureña está en las manos del Congreso hondureño», respondiendo afirmativamente a una pregunta sobre el reconocimiento de las elecciones, pase lo que pase.

 

¿El fin de la crisis?

Tanto Honduras como Estados Unidos quieren ver el final de la crisis, aunque es poco probable que se produzca gracias a las elecciones. Según Estrada, «Esto va a terminar de una de estas tres maneras: por medio de una evidente campaña de terror que decapite todas las organizaciones populistas, por medio de un acuerdo que dé pie a una reforma constitucional real o como tercera opción, la guerra».

 

Para más información


"Berta Oliva (COFADEH), Testimonio ante el Congreso respaldado por el Rep. Grijalva D-AZ". Centro Quijote, 12 de noviembre de 2009.


Bjornlund, Eric. "Free and Fair Elections." Democracy International. 


Casasús, Mario. "Bertha Cáceres: 'El pueblo busca estrategias para el desconocimiento de las elecciones en Honduras". El Clarin, 11 de noviembre de 2009.


"Con 530 fiscales perseguirán los delitos electorales: Rubi". El Tiempo, 17 de noviembre de 2009.


"Entrevista Thomas Shannon en CNN el 4 de noviembre". YouTube.


"Canal hondureño dice que el gobierno de facto bloquea su señal".Reuters, 20 de noviembre de 2009.


"Honduras: Periodista hondureño de radio teme por su vida: Luis Galdámez, Amnistía internacional, 16 de noviembre de 2009".


"IACHR concluye su periodo de sesiones número 137". Organización de Estados Americanos, 13 de noviembre de 2009".


Parks, James. "Trumka: Free Elections Not Possible Now in Honduras". AFL-CIO Now Blog, 16 de noviembre 2009.


"Poder Judicial persigue a jueces opuestos al golpe." VosElSoberano, 14 de noviembre de 2009.

 

U.S. Department of State. "Daily Press Briefing 6 de noviembre de 2009

U.S. Department of State.
"Daily Press Briefing 18 de noviembre de 2009

Zelaya Rosales, Manuel. "Carta Presidente Jose Manuel Zelaya Rosales al Presidente Obama". 14 de noviembre de 2009 


"Zelaya impugnará las elecciones hondureñas". Agencia France Presse, 18 de noviembre de 2009.


"Canal hondureño dice que el gobierno de facto bloquea su señal". Reuters, 20 de noviembre de 2009.