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Updated 06/06/2005

Acceso a la información del Gobierno de EE.UU. sobre violaciones de derechos humanos en Honduras

El gobierno de EE.UU. recoge y archiva escrupulosamente la información relacionada con las operaciones de sus numerosas agencias, y aplica medidas para permitir el acceso público a esta información, incluyendo el material clasificado. No obstante, los ciudadanos y otros gobiernos encuentran con frecuencia dificultades para obtener la desclasificación de registros secretos estadounidenses, incluso de los que contienen información sobre abusos contra los derechos humanos. Para aquellos que durante la última década han intentado descubrir la verdad sobre estos abusos en Honduras, el proceso ha sido particularmente dificultoso.

A principios de los 80, Honduras sirvió como base de operaciones para las fuerzas militares y de inteligencia de EE.UU en su esfuerzo por derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua y eliminar los movimientos guerrilleros en El Salvador y Guatemala [Enlace a los conflictos centroamericanos de los 80]. Aparte de utilizar Honduras como base geográfica para sus operativos, los Estados Unidos proporcionaron millones de dólares en ayuda, armas y equipamiento, además de un amplio adiestramiento a los militares hondureños. Un capítulo particularmente infame de esta alianza es el apoyo que Estados Unidos prestó al Batallón 3-16, una unidad de la inteligencia militar supuestamente responsable de la detención forzada, tortura y asesinato de muchos de los casi 200 desaparecidos hondureños, incluyendo religiosos, estudiantes, líderes sindicales y periodistas.

Descubrir la suerte de los desaparecidos en Honduras y el papel de EE.UU. en su tragedia no ha sido fácil. A principios de los 90, Leo Valladares Lanza, el primer Comisionado Nacional de Honduras para los derechos humanos, llevó a cabo la investigación formal de las desapariciones forzadas en este país. Valladares descubrió que como otros países latinoamericanos en esa época, Honduras no tenía leyes claras con respecto a la retención o publicación de registros gubernamentales. Después de efectuar una inspección ocular de una oficina de la inteligencia militar y encontrar los archivos completamente vacíos, se le informó de que el ejército hondureño tenía por costumbre destruir los archivos cada cinco años para hacer espacio a nuevos documentos. Con un acceso tan limitado a la información en Honduras, Valladares recurrió al gobierno de EE.UU. para solicitar información sobre los casos de desapariciones. Los registros en poder de agencias estadounidenses se convirtieron en una fuente esencial de información para su investigación.

El Acta de Libertad de Información (FOIA) es el vehículo primario en Estados Unidos para la publicación de documentos clasificados del gobierno para consulta pública. Aprobada en 1955, la FOIA estableció el derecho estatutario de acceso a la información en poder de agencias del gobierno de EE.UU. . Según la FOIA, todas la información de las agencias federales debe estar a disposición del público a menos que se califique como excepción. Se permiten las excepciones por seguridad nacional, privacidad personal, secreto mercantil e investigaciones de la aplicación de las leyes. La FOIA estipula que «cualquier persona» –en teoría ciudadanos de EE.UU. o de otros países, e incluso representantes de gobiernos extranjeros– pueden solicitar la desclasificación de información. No obstante, con frecuencia estas peticiones son denegadas completa o parcialmente. Además de utilizar la FOIA, los representantes de gobiernos extranjeros pueden hacer solicitudes de información «de estado a estado» al gobierno de EE.UU. . Esta vía es problemática, pues al contrario que en el caso de la FOIA, no existe un periodo limitado para la respuesta, y la denegación de información no necesita ser justificada y no está sujeta a apelación.

En 1993, Valladares inició una petición de estado a estado de información sobre derechos humanos en poder de la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia de Inteligencia de Defensa y los archivos de los Departamentos de Estado y Defensa. Sus primeras solicitudes siguieron a las peticiones de información hechas en base a la FOIA por la familia del Rev. James Francis Carney, un jesuita que desapareció en Honduras en 1983, y The Baltimore Sun, que después publicó el primero de una serie de artículos sobre el Batallón 3-16 y su patrocinio por parte de EE.UU. El antiguo embajador de EE.UU. en Honduras, Jack R. Binns, también hizo varias solicitudes de información. En un informe de 1998, «En busca de las verdades ocultas», Valladares calificó sus esfuerzos por obtener información de «extremadamente frustrantes».

La solicitud de Valladares, sumada a las hechas tanto por el fiscal especial para derechos humanos y el fiscal general hondureños, produjeron poca información sobre derechos humanos. La mayoría de los documentos que se hicieron públicos salieron del Departamento de Estado y fueron desclasificados en 1995. Muchos de estos documentos o bien ya eran de dominio público –resultado de anteriores alegatos de la FOIA por parte del Sun y la familia Carney– o eran de poca relevancia para las investigaciones que llevaban a cabo Valladares y la oficina del fiscal general. No fue hasta 1997 que la CIA y el Departamento de Defensa respondieron a la solicitud de Valladares, a pesar de las instancias de miembros del Congreso y de la administración Clinton. No obstante, los documentos de la CIA y el Departamento de Defensa eran mucho menos numerosos que los que el Departamento de Estado había censurado severamente.

En agosto de 1997, el inspector general de la CIA preparó un informe desclasificado de 211 páginas titulado «Temas seleccionados relacionados con las actividades de la CIA en Honduras durante los 80». Este informe no fue inmediatamente entregado a Valladares ni al fiscal general hondureño, a pesar de su evidente importancia para las investigaciones que llevaban a cabo sobre derechos humanos. En respuesta a las preguntas de varios miembros del Congreso y una solicitud de la FOIA remitida por el Archivo de Seguridad Nacional en nombre de Valladares, el informe fue por fin parcialmente desclasificado en septiembre de 1998. Según el informe, «los militares hondureños cometieron cientos de abusos contra los derechos humanos durante los años 80, muchos de los cuales tuvieron una motivación política y fueron oficialmente sancionados». El documento concluía que la «información inadecuada» por parte de los oficiales de la CIA en Honduras impidió que la oficina general «conociera el alcance de los abusos contra los derechos humanos en Honduras», y que algunos informes de la CIA al congreso habían sido poco exactos. No obstante, partes muy extensas del informe –44 páginas enteras y muchas otras páginas de forma parcial– estaban tachadas, incluyendo los nombres de las personas involucradas en los abusos.

En respuesta a la insistente retención del informe de la CIA y a la cicatería de la CIA y el Departamento de Defensa respecto a la desclasificación de registros históricos, el Senador Christopher Dodd (D-Conn.) y el Representante Tom Lantos (D-Calif.), introdujeron el Acta de Información sobre Derechos Humanos a finales de 1997. Este acta tendría que haber exigido que la administración desclasificara todos los documentos relacionados con las violaciones de derechos humanos en Honduras y Guatemala dentro de un periodo límite de 150 días. El acta, renovada en 2001 como H.R. 1152, nunca llegó a presentarse a votación ante el Congreso.


El 12 de octubre de 2001 ocurrió un inquietante cambio en la política de EE.UU. , cuando el Fiscal General John Ashcroft emitió un memorándum del Departamento de Justicia que permitía a las agencias gubernamentales denegar solicitudes FOIA basándose en cualquier «base legal sólida». Esto marcó un cambio radical con respecto a la política anterior, que exigía a las agencias la publicación de información a menos que al hacerlo causaran «daños inmediatos». Es probable que este giro hacia un mayor secretismo obstaculice aún más los esfuerzos de los que ya han encontrado muchas dificultades para obtener registros del gobierno.

A pesar de los esfuerzos de Valladares y otras personas, los hondureños sólo han conseguido la difusión de una mínima porción de la información sobre derechos humanos guardada bajo llave en los archivos gubernamentales de EE.UU. Según Valladares, «La transformación de Honduras en una sociedad más democrática depende del espíritu de nuestro pueblo, de su capacidad y deseo de conocer y enfrentarse a la terrible verdad de un legado de violaciones de derechos humanos». Hasta la fecha, las alegaciones de EE.UU. de la seguridad nacional, base para mantener estos documentos en secreto, han prevalecido sobre los esfuerzos hondureños para descubrir la verdad.


Para más información

«Cuando una ola de tortura y asesinato barrió un pequeño aliado de EE.UU., la verdad fue una de las víctimas». (Primera de una serie de cuatro partes). Gary Cohn y Ginger Thompson. The Baltimore Sun, 11 de junio de 1995.

«Confesiones de torturadores». (Segunda de una serie de cuatro partes). Gary Cohn y Ginger Thompson. The Baltimore Sun, 13 de junio de 1995.

«Historia de una superviviente». (Tercera de una serie de cuatro partes). Gary Cohn y Ginger Thompson. The Baltimore Sun, 15 de junio de 1995.

«Un engaño cuidadosamente elaborado».