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Updated 06/06/2005

La guerra de la Contra y el escándalo Irán-Contra

Temiendo que el nuevo gobierno sandinista de Nicaragua, con ayuda de Cuba y la Unión Soviética, exportara la revolución marxista a todo América Central, la administración Reagan inició una guerra «por poderes» contra el sandinismo. En noviembre de 1981, Washington autorizó a la CIA el gasto de 19,5 millones de dólares para crear la Contra, fuerza paramilitar de opositores armados al régimen sandinista que se componía básicamente de antiguos miembros de la guardia nacional de la dictadura militar que habían derrocado los sandinistas. La agencia, con ayuda de agentes argentinos, puso en marcha campos de adiestramiento por todo el territorio hondureño y suministró alimentos, ropa, armas y supervisión a los Contras. A mediados de los 80, la Contra había establecido un campo de 200 millas cuadradas cerca de la frontera nicaragüense, equipado con campos de tiro, hospitales y todo tipo de instalaciones para los rebeldes y sus familias. Originalmente encargada de bloquear el flujo de armas desde Nicaragua a los insurgentes salvadoreños de izquierda, la Contra pronto comenzó a llevar a cabo actos de sabotaje al otro lado de la frontera de Nicaragua.

La Cámara de Representantes de EE.UU., controlada por los demócratas, que se oponían en su mayor parte a la política antisandinista de la administración, preguntó qué tenían que ver las incursiones de la Contra en Nicaragua con la paralización del flujo de armas a El Salvador y comenzó a controlar el apoyo a la Contra. En 1982, el Presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Edward P. Boland, presentó una enmienda a la Factura de Defensa de los Presupuestos para el año fiscal 1983 que limitaba la ayuda financiera de EE.UU. a la Contra. Esta enmienda, primera de una serie que presentó Boland, prohibía a la CIA utilizar ningún dinero «para el propósito de derrocar el gobierno de Nicaragua». Aún así preocupado por el apoyo de la administración a la Contra, el Congreso limitó la ayuda a esta organización a 24 millones de dólares para el año fiscal de 1984.

Mientras tanto, en Nicaragua, el gobierno de Ortega había suavizado sus controles del estado y ofreció ciertas concesiones militares a los Estados Unidos. Tachándolas de propaganda e ignorando el propósito de la Enmienda Boland, la administración Reagan insistió en sus esfuerzos por mantener viva a la Contra. Como las manos de la CIA estaban fiscalmente atadas por la Enmienda Boland, miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional, una institución asesora de la Casa Blanca, cuyo ámbito de operaciones había sido doméstico hasta entonces, se convirtieron en los cerebros para continuar con el apoyo a la Contra. El Ten. Col. Oliver North, ayudante del Consejero de Seguridad Nacional Robert McFarlane, se hizo cargo de la operación, que buscaba financiación secreta de fuentes privadas americanas y la canalizaba a las manos de la Contra.

A principios de 1984 se supo que la CIA había tomado parte en el minado de puertos nicaragüenses sin notificarlo de forma adecuada al Congreso. (En 1986, el gobierno nicaragüense presentó este caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, que declaró ilegal la colocación de minas por parte de la CIA). La desaprobación pública creció y el Congreso retiró su apoyo a la política de Reagan con respecto a la Contra. En octubre de 1984, el Congreso aprobó una versión más dura de la Enmienda Boland que prohibía a la CIA, al Departamento de Defensa y a cualquier otra agencia estadounidense involucrada en actividades de inteligencia proporcionar ningún apoyo a operaciones militares y paramilitares en Nicaragua. La CIA y el Departamento de Defensa se vieron forzados a retirar su numeroso personal en América Central. No obstante, North y el Consejo Nacional de Seguridad continuaron recabando y desviando secretamente fondos a la Contra, y la Contra comenzó a recurrir a ellos cada vez más para solicitar orientación.

En 1985, varios funcionarios del gobierno, incluyendo a McFarlane y North, se implicaron en un plan para vender secretamente misiles a Irán, a cambio de la liberación de los siete americanos retenidos por simpatizantes iraníes en Líbano, con la intención de hacer virar la política exterior de Irán en una dirección más prooccidental. Israel actuó en principio como intermediario de los envíos de armas. Aunque este plan violaba el Acta de Control de Exportación de Armas, un embargo armamentístico contra Irán, y la política estadounidense de no tratar con gobiernos que apoyasen el terrorismo internacional, Reagan dio su autorización para que McFarlane procediera a la venta de las armas. Los beneficios excedieron a lo esperado, y en 1986, North desarrolló un plan para desviar millones de dólares a la financiación de la Contra, un movimiento aprobado por el sucesor de McFarlane, John Poindexter.

En octubre de 1986, un comando sandinista derribó un avión de carga sobre la selva nicaragüense. Un pasajero americano que se tiró en paracaídas y cayó en manos de los sandinistas reveló que el avión formaba parte de una operación de suministro de armas a la Contra dirigida por EE.UU., lo que violaba directamente la Enmienda Boland. El presidente dijo públicamente que el gobierno de Estados Unidos no tenía conexión con el avión derribado, y el Asistente del Secretario de Estado para Asuntos Interamericanos y otros altos cargos dieron versiones similares al Congreso. Un mes más tarde, el diario libanés Al-Shiraa expuso el comercio secreto de armas con Irán. Pointdexter dimitió y North fue despedido. El Presidente Reagan reconoció que tenía conocimiento de los envíos de misiles, pero insistió que no era un intercambio de armas por rehenes. Poco después, el Departamento de Justicia anunció que había descubierto que parte de los beneficios de la venta de armas había sido desviada a la Contra.

En diciembre se formó un comité independiente encabezado por Lawrence Walsh para investigar las actividades y procesar cualquier supuesto delito. Un comité del congreso y una comisión presidencial también pusieron en marcha investigaciones y emitieron informes sobre el asunto. North y otros consiguieron destruir o hacer desaparecer importantes documentos antes de que comenzaran las investigaciones. La del comité del congreso incluyó 11 semanas de vistas públicas. En julio de 1987, North y Pointdexter testificaron bajo garantía de inmunidad. En estas audiencias televisadas, North pasó de estar «caído en desgracia» a ser un «héroe popular», y a haber salvado la presidencia tejiendo la operación Contra. «Vi que era buena la idea de utilizar el dinero del ayatollah Jomeini para apoyar a los guerreros de la libertad nicaragüenses», dijo North en su testimonio.

El comité independiente comenzó sus siete años de investigación en diciembre de 1986: al final, 14 personas fueron acusadas de varios delitos, entre ellos North, McFarlane, Pointdexter y Abrams. North fue declarado culpable de destruir documentos, aceptar soborno y obstrucción al Congreso. Pointdexter fue condenado por conspiración, falso testimonio, destrucción de documentos y obstrucción al Congreso. McFarlane se declaró culpable de ocultar información al Congreso, y Abrams se declaró culpable de ocultar pruebas al Congreso sobre el apoyo secreto del gobierno a la Contra. En principio, North y Pointdexter fueron sentenciados a prisión, pero sus penas se anularon en la apelación, y al final se desestimaron los casos por sus acuerdos de impunidad con el Congreso. Abrams y McFarlane fueron sentenciados a libertad vigilada, multas y trabajos comunitarios, pero el Presidente Bush los perdonó a ellos y a otros cuatro convictos poco después de su fracaso electoral de 1992.

El comité independiente nunca probó que el Presidente Reagan hubiera autorizado el desvío de fondos a la Contra, y el Vicepresidente George Bush consiguió evitar una investigación más profunda. No obstante, su conclusión fue que la venta de armas a Irán violó la política estadounidense y probablemente el Acta de Control sobre la Exportación de Armas, que el apoyo a la Contra violaba la Enmienda Boland, y que las políticas en que se basaban ambas operaciones debían ser «completamente revisadas al más alto nivel de la administración Reagan». También concluía que como consecuencia de la revelación pública de las operaciones, varios funcionarios de la administración Reagan «mintieron deliberadamente» al Congreso y al público sobre la amplitud del apoyo y conocimiento de la administración.

El legado del asunto Irán-Contra todavía colea hoy en la actual administración Bush. Desde que tomó posesión en 2001, el Presidente Bush ha elegido a varios veteranos del escándalo Irán-Contra para ocupar importantes puestos. Más información.

Para más información

«La verdad supera a la ficción: El asunto Irán-Contra en dos palabras». Anna Burns.

«Una línea muy fina: Los asuntos Irán-Contra». Theodore Draper. Hill and Wang, Nueva York 1991.

«Informe de los Comités del Congreso que investigan el asunto Irán-Contra». Lee Hamilton y Daniel Inouye. Washington, D.C. 1987.

«Dentro de América Central: Su gente, su política y su historia». Clifford Krauss. Summit Books, Nueva York 1991.

«Informe final del Consejo independiente para asuntos Irán-Contra

Vol. I. Investigaciones e inculpaciones». Lawrence Walsh. Washington, D.C. 1993.

«Cortafuegos: La conspiración Irán-Contra y su encubrimiento». Lawrence Walsh. WW Norton & Company 1998.

«El asunto Irán-Contra». Julie Wolf. PBS Online: People and Events.

«¿Escándalo? ¿Qué escándalo? Los Irán-Contra elegidos por Bush son una pobre historia». Terry J. Allen. Extra! Septiembre/octubre de 2001.