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Updated 06/06/2005

Miembros del Batallón 3-16 deportados desde Norteamérica

Varios hondureños, antiguos miembros del Batallón 3-16, acusados de abusos contra los derechos humanos, emigraron a Norteamérica y fueron finalmente arrestados y deportados.

El Gen. Luis Alonso Discua Elvir, antiguo dirigente de las fuerzas armadas hondureña, fue fundador y comandante del Batallón 3-16. Su carrera como jefe militar terminó en enero de 1996, cuando el Presidente hondureño Carlos Roberto Reina lo nombró para el puesto de representante suplente de Honduras ante las Naciones Unidas, un traslado ampliamente cuestionado por el colectivo que trabaja por los derechos humanos. No obstante, en realidad Discua raramente cumplía sus funciones de diplomático. Aunque debería haber residido y trabajado en Nueva York, donde tienen su sede las Naciones Unidas, pasaba la mayor parte de su tiempo atendiendo un negocio de importación y exportación en Florida. Un grupo de derechos humanos de este último estado, International Educational Missions, advirtió al Departamento de Estado de que Discua estaba viviendo secretamente en Miami. En febrero de 2001, Washington revocó el visado diplomático de Discua, obligándole a abandonar el país.

Aunque la razón de su partida fue su falta de cumplimiento de las funciones de su puesto, algunos observadores consideraron sospechoso el momento elegido, pues su expulsión ocurrió pocas semanas después de que el Presidente Bush anunciara su intención de nombrar a John Negroponte como embajador de EE.UU. ante Naciones Unidas. Negroponte ocupó el puesto de embajador de EE.UU. en Honduras a principios de los años 80. Sobre su vuelta a Honduras, Discua supuestamente dijo al periódico hondureño «La Prensa» que en 1983 había estado en Estados Unidos durante dos meses para organizar la colaboración del Batallón 3-16 con la Contra nicaragüense, y sugirió que aún podía revelar más información. A pesar de su puesto de mando en el Batallón 3-16, Discua nunca ha sido acusado de abusos contra los derechos humanos en Honduras, y aparentemente, vive con total impunidad en el país.

Juan Angel Hernández Lara, un antiguo oficial del ejército hondureño, y miembro del Batallón 3-16, fue el primer ex-militar latinoamericano deportado gracias al nuevo programa de deportación del INS. Hernández Lara entró ilegalmente en Estados Unidos desde México en 1989, instalándose en Palm Beach County (Florida). Solicitó asilo político, alegando que su asociación con el Batallón 3-16 lo ponía en peligro en Honduras, pero su solicitud fue finalmente denegada. El INS lo arrestó en junio de 2000 y en enero del año siguiente un juez ordenó su deportación por su reconocida implicación en el batallón, incluyendo su participación en la tortura de cuatro personas. (Después afirmó que aunque era miembro del batallón, nunca torturó ni mató a nadie, y que había inventado esa historia para apoyar su petición de asilo). Agentes del INS escoltaron a Hernández Lara de regreso a Honduras, pero él regresó inmediatamente a Estados Unidos, entrando de nuevo ilegalmente desde México. Gracias a un aviso de International Educational Missions, los agentes del INS lo volvieron a arrestar en marzo de 2001. Lo acusaron de violar una ley de 1996 que prohibe a los deportados entrar de nuevo en el país.

Este fue el primer caso que llegó a un tribunal federal desde el comienzo del nuevo programa de detención del INS. La abogada de Hernández Lara alegó que su vida podía verse en peligro si volvía a su país, y que tenía la intención de enviar investigadores a Honduras para recabar pruebas que apoyaran su caso. Los activistas de derechos humanos esperaban que la investigación y el juicio consiguiente revelarían algunas actividades del Batallón 3-16. No obstante, cuando el juez estadounidense de distrito que presidía el tribunal determinó que no admitiría pruebas sobre el historial de Hernández Lara o alegaciones de abusos contra los derechos humanos, el acusado decidió declararse culpable de regresar ilegalmente a EE.UU. Fue sentenciado a siete meses y deportado de nuevo a finales de 2001. Pero en los últimos meses de 2003, los agentes de inmigración supieron que Lara estaba viviendo de nuevo en Palm Beach County, donde seguía residiendo su esposa: lo arrestaron en abril de 2004.

José Barrera Martínez actuaba como interrogador y asesino para el Batallón 3-16. En 1987 dejó el batallón y pidió asilo político en Canadá, alegando que lo matarían si volvía a Honduras. Dio descripciones detalladas de su implicación con dicho batallón, y su testimonio es uno de los más estremecedores: admitió que había electrocutado genitales, sofocado a personas con capuchas de goma, y una vez arrancó los testículos de un hombre con una cuerda. En una entrevista de 1996 para The Baltimore Sun, dijo que había sido entrenado por la CIA y por personal argentino en Honduras, y en un lugar desconocido de Estados Unidos. También dijo que aunque la CIA desaconsejaba el uso de la tortura, la agencia sabía que los hondureños utilizaban la tortura como método de interrogación. Barrera fue deportado en febrero de 2001, y al llegar a Honduras negó su testimonio escrito anterior, que había utilizado para conseguir la entrada en Canadá. Este testimonio constituyó una prueba en los casos relacionados con Billy Joya Amendola y Alexander Hernández Santos, acusados de la detención ilegal de seis estudiantes universitarios en 1982. En consecuencia, la Fiscalía Pública hondureña acusó a Barrera de falso testimonio, y se emitió una orden de arresto contra él. Actualmente se encuentra en libertad.

Jaime Ramírez Raudales, un supuesto antiguo miembro del Batallón 3-16, está acusado de los asesinatos en 1988 de los activistas de derechos humanos Miguel Ángel Pavón Salazar y Moisés Landaverde. Pavón, un comisionado del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, había sido el primer testigo en un juicio del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos contra el gobierno hondureño por la desaparición de Manfredo Velázquez y tres personas más. En julio de 2002, un juez hondureño emitió una orden de arresto contra Ramírez, pero el sospechoso estaba viviendo a salvo en Miami. No obstante, el 4 de marzo de 2003, gracias a un aviso de International Educational Missions, los agentes del Bureau of Immigration and Customs Enforcement arrestaron a Ramírez en su casa. Ramírez fue el primer sospechoso de abusos contra los derechos humanos arrestado por el ICE, que ese mes asumía las tareas del INS. Un juez de inmigración ordenó la deportación de Ramírez, basándose en los cargos de asesinato que pesaban sobre él en Honduras, y en agosto de 2003 fue acompañado por oficiales de inmigración de vuelta a Honduras, donde fue arrestado por las autoridades. No obstante, en marzo de 2004, un tribunal rechazó las acusaciones contra Ramírez, alegando que no era «materialmente responsable» de los delitos.

Ten. Col. Juan López Grijalba, un jefe de la inteligencia militar hondureña, y comandante del Batallón 3-16, se enfrenta en la actualidad a una demanda civil que lo acusa de ser responsable de la tortura, asesinato y desaparición de varios civiles hondureños. Grijalba emigró a Estados Unidos en 1998, pero fue arrestado por el INS en abril de 2002 por delitos de inmigración. El gobierno inició vistas de deportación por su alegado historial de abusos contra los derechos humanos, y porque existía contra él una orden judicial de las autoridades hondureñas por homicidio. Un portavoz del INS comentó que probablemente era la persona de mayor rango acusada de tortura por un juez de inmigración. Al enterarse de su arresto, el Centro para la Justicia y la Responsabilidad inició un proceso contra Grijalba en un tribunal civil en nombre de dos supervivientes de torturas y de los familiares de otros dos hondureños desaparecidos.

Los demandantes alegaban que Grijalba «planeó, ordenó, autorizó, animó o permitió a sus subordinados de las fuerzas militares o paramilitares hondureñas cometer actos de tortura, desaparición y asesinato extrajudicial», y después ayudó a ocultar los abusos. El pleito se basa en dos leyes federales que permiten a los tribunales de EE.UU. evaluar daños contra perpetradores de severas violaciones de los derechos humanos cometidas en el extranjero. El juicio de este caso estaba previsto para el 18 de octubre de 2004, no obstante, menos de una semana antes del comienzo, el juez federal lo pospuso. Mientras tanto, un juez de inmigración ha sentenciado finalmente sobre el caso de la oficina de inmigración, ordenando la deportación de López Grijalba. El 21 de Octubre de 2004, agentes de inmigración lo escoltaron en un avión de vuelta a Honduras. El Centro para la Justicia y la Responsabilidad y sus demandantes continúan esperando la sentencia del juez federal. Esperan que se declare a López Grijalba responsable de los abusos cometidos por sus subordinados, y se le condene a pagar las indemnizaciones pertinentes. (Más información sobre la demanda civil contra Grijalba).